Ciudad de México ► En un esfuerzo por garantizar la transparencia y evitar el uso indebido de recursos en las campañas electorales para cargos judiciales, los aspirantes a ministros, magistrados y jueces tendrán que autofinanciar sus campañas y llevarlas a cabo principalmente en redes sociales. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) supervisará rigurosamente estas actividades para evitar la recepción de fondos de procedencia ilícita, pública o privada.
El INE auditará detalladamente los gastos de los candidatos a juzgadores. En caso de detectar el uso de recursos monetarios o en especie provenientes de cualquier ente privado o público, así como su participación en eventos de partidos políticos o candidaturas independientes, los candidatos enfrentarán sanciones que van desde una amonestación hasta multas de hasta 565 mil pesos. En situaciones graves, se considerará la posible pérdida de su registro.
Las actividades de campaña de los aspirantes estarán restringidas a foros, mesas de diálogo y entrevistas gratuitas. El INE desplegará un equipo de auditores para asegurar que no se utilicen propaganda en vía pública ni eventos con beneficios para las candidaturas. De detectarse actos anticipados de campaña antes del 30 de marzo, los gastos se sumarán al total de la campaña oficial.
El próximo 12 de febrero, el Consejo General del INE recibirá las candidaturas de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, procesará las solicitudes y otorgará los registros correspondientes. Las campañas oficiales comenzarán el 31 de marzo, con la jornada electoral programada para el 1 de junio, en la que se elegirán 881 cargos.
De acuerdo con las reglas establecidas por el INE, los candidatos no podrán utilizar recursos públicos ni privados para su proselitismo. La UTF tendrá la facultad de investigar cuentas bancarias de los candidatos si se sospecha de actividades financieras irregulares, sin estar limitada por el secreto bancario, fiduciario o fiscal.
Los candidatos judiciales no podrán contratar encuestas, spots de radio y televisión, ni anuncios publicitarios en medios impresos o digitales. Además, sus mensajes en redes sociales deberán ser orgánicos, sin apoyo financiero externo para amplificar su alcance.
Este nuevo enfoque en la fiscalización de las campañas judiciales busca fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral, garantizando que los candidatos se ajusten a normas estrictas de financiamiento y publicidad. ■
