Ciudad de México ► En el marco del Año de la Mujer Indígena, decretado por la presidenta Claudia Sheinbaum, activistas y organizaciones han puesto en evidencia las profundas brechas de desigualdad y las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres indígenas en México. Estas problemáticas, agravadas por el racismo estructural y las herencias del colonialismo, exigen acciones inmediatas y efectivas.
En México, las mujeres indígenas representan el 51% de las 68 comunidades originarias, sumando alrededor de 12 millones de personas. Sin embargo, enfrentan condiciones de vida marcadas por la exclusión y la violencia. Según el informe Identidades Entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional, presentado en la ONU, las mujeres hablantes de lenguas indígenas tienen un promedio de escolaridad de 5.8 grados, significativamente menor al de hombres indígenas (6.7 grados) y al de mujeres no indígenas (9.9 grados).
El despojo territorial y la migración forzada, muchas veces vinculados al crimen organizado y a megaproyectos extractivos, son formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a las mujeres indígenas. Estas dinámicas no solo vulneran sus derechos, sino que también perpetúan la exclusión económica y social.
Norma Don Juan Cruz, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), subraya la importancia de adoptar enfoques interseccionales e interculturales en las políticas públicas. “Las mujeres indígenas no somos homogéneas; nuestras experiencias y necesidades son diversas, y las políticas deben reflejar esa realidad”, afirmó.
El decreto presidencial que designa 2025 como el Año de la Mujer Indígena ha sido recibido como un gesto positivo, pero insuficiente. Activistas como Valeria Vázquez, de Católicas por el Derecho a Decidir, insisten en que este reconocimiento debe traducirse en estrategias con presupuesto asignado para garantizar su implementación. “Un discurso sin recursos se queda en palabras vacías”, advirtió.
El informe también destaca la necesidad de abordar las violencias que enfrentan otros grupos vulnerables, como mujeres con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexo-genérica, quienes comparten experiencias de exclusión y resistencia. Este enfoque busca no solo visibilizar las problemáticas, sino también reconocer a estas mujeres como productoras de conocimiento y agentes de cambio.
El Año de la Mujer Indígena representa una oportunidad histórica para avanzar hacia la justicia y la equidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la capacidad de las instituciones para implementar medidas concretas que transformen las vidas de millones de mujeres indígenas en México. ■
