Ciudad de México ► La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió este viernes su último informe preliminar, a menos de una semana de la histórica primera votación para elegir integrantes del Poder Judicial en México. La Misión de Observación Electoral calificó el proceso—conocido internamente como “Plan C”—de sumamente complejo y polarizante, y concluyó que el modelo no debería replicarse en otros países del continente. Destacó, además, que la participación ciudadana apenas alcanzó el 13% del padrón electoral, cifra que se posiciona entre las más bajas registradas en la región y plantea dudas sobre la legitimidad del ejercicio electoral.
La misión, compuesta por 16 expertos de 10 nacionalidades y encabezada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz Valenzuela, recorrió en detalle los 37 cuartillas del informe, en el que se documenta desde la propuesta hasta la implementación del “Plan C”. Durante meses, la iniciativa estuvo marcada por intensos debates, litigios y reacciones políticas que, según el documento, evidenciaron una fuerte politización del proceso. Este contexto contribuyó a que el mecanismo de selección—diseñado para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros—no solo generase inquietud en expertos internacionales, sino que también desencadenara un intenso debate en redes sociales y foros especializados.
Uno de los aspectos que más llamó la atención es el dominio del Poder Ejecutivo en la promoción de las candidaturas: seis de los nueve candidatos electos fueron impulsados por su comité, mientras que los tres restantes corresponden a integrantes de la actual Corte, nombrados en administraciones anteriores. Este hecho, sumado al alto porcentaje de votos nulos y a la desconexión reflejada en la baja participación electoral, ha levantado serias interrogantes sobre la independencia y la transparencia del proceso judicial. Analistas y ciudadanos han señalado en plataformas digitales que la falta de información y la posible concentración de influencias han mermado la confianza del electorado en un sistema que, en teoría, debería asegurar la imparcialidad y el fortalecimiento de los principios fundamentales de la justicia.
Ante esta experiencia pionera, el informe de la OEA insta tanto a la ciudadanía como a las instituciones mexicanas a reflexionar profundamente sobre si este modelo contribuye a mejorar o, por el contrario, debilitar la administración de justicia. La recomendación es clara: cualquier futura reforma en el mecanismo de selección de jueces debe implementarse de manera gradual, fundamentándose en un debate amplio, inclusivo y sustentado en diagnósticos técnicos y profesionales. De esta forma, se podría garantizar que las reformas respondan verdaderamente a las problemáticas del sistema judicial, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia, la imparcialidad y la independencia en un contexto que exige cada vez mayor confianza ciudadana y rendición de cuentas. ■
