Ciudad de México ► El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, incumplió las condiciones impuestas por el juzgado noveno de distrito en materia penal para evitar su detención por la Fiscalía General de la República (FGR). Debía presentarse personalmente ante una jueza de control, ubicada en el Reclusorio Oriente, para conocer los cargos de peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita; no obstante, el plazo concluyó a las 12 de la noche del pasado viernes.
El Ministerio Público Federal ha solicitado a la jueza que otorgó la suspensión, la revocación de dicha protección para proceder con la aprehensión de Aureoles Conejo. Cabe recordar que cuatro de sus ex colaboradores se encuentran bajo proceso por los mismos delitos y están sujetos a prisión preventiva justificada.
La jueza Jovita Vargas Alarcón, quien fue denunciada por la FGR por brindar una protección controvertida al ex gobernador, emitió el pasado 15 de mayo, en el marco de la resolución del amparo 441/2025, que Aureoles Conejo debía presentarse de forma personal ante la jueza responsable de la causa penal 118/2025, Patricia Sánchez Nava. Se fijó un plazo de cinco días contados a partir de la notificación legal a su defensa, y se impuso la obligación de comparecer cada vez que fuera citado.
Al vencerse dicho plazo y de acuerdo con el artículo 136 de la Ley de Amparo, la medida cautelar dejará de surtir efectos si el acusado no cumple con los requisitos señalados dentro del término legal. Fuentes judiciales indicaron que, durante la mañana de ayer, el Ministerio Público Federal presentó un incidente ante el juzgado noveno de distrito, en el marco del juicio de amparo 441/2025, solicitando que se analice la revocación de la suspensión definitiva que impide la captura de Aureoles Conejo.
Asimismo, la FGR ha requerido a la jueza Vargas Alarcón que, a su vez, solicite a la jueza Patricia Sánchez Nava que informe formalmente si Aureoles Conejo compareció conforme a lo ordenado; en caso de no haberse presentado, se deberá suspender de inmediato los efectos de la medida cautelar.
Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, obtuvo una orden de captura contra el ex gobernador y siete de sus colaboradores. De estos, tres ya han sido aprehendidos y vinculados a proceso por el desvío de 3 mil 412 millones de pesos. ■
