Ciudad de México ► La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la derogatoria del párrafo de la Constitución que establecía que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se elegiría mediante votación interna entre sus integrantes. Con esta medida, el nuevo mecanismo contempla que la persona que obtenga el mayor número de votos en el proceso electoral de junio asuma el cargo, lo que forma parte de la Reforma Judicial que busca modernizar y democratizar la función del Poder Judicial.
La norma eliminada, que establece: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”, se suprime con el objetivo de resolver una antinomia que había generado controversia en torno a los artículos 94 y 97 de la Carta Magna. Según el documento avalado por la Comisión, la derogatoria permitirá armonizar el modelo de elección democrática del Poder Judicial, eliminando disposiciones sujetas a interpretaciones arbitrarias y que podían mermar la certeza jurídica.
Dentro del debate, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, de Morena, señaló la necesidad del cambio para evitar que la contradicción existente entre los artículos mencionados siga generando incertidumbre jurídica y debilitando la legitimidad de la SCJN. “No podemos permitir que semejante contradicción continúe generando incertidumbre jurídica, interpretaciones arbitrarias o, peor aún, un debilitamiento de la legitimidad del Poder Judicial. Con esta reforma damos un paso firme hacia la consolidación del nuevo modelo de justicia”, afirmó la legisladora.
Por otro lado, voces críticas también se hicieron presentes en el recinto. La diputada Paulina Rubio Fernández, de Acción Nacional, calificó la modificación de “irrelevante”, argumentando que esta enmienda no subsana el daño estructural que se ha generado en el proceso de designación de cargos en el Poder Judicial. Asimismo, Nadia Navarro Acevedo, del PRI, advirtió que el dictamen no es una simple corrección para solucionar la antinomia, sino el resultado de una reforma plagada de inconsistencias. Claudia Ruiz Massieu, por su parte, representante de Movimiento Ciudadano, se opuso al dictamen, advirtiendo que respaldarlo implicaría formalizar la forma en que el oficialismo ha atentado contra la letra y el espíritu de la Constitución, afectando la esencia del Estado de derecho y la separación de poderes.
Destacando el aspecto democrático de esta transformación, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Partido Verde, subrayó la relevancia de este cambio en el contexto electoral. Con la reforma, por primera vez en más de 200 años de vida independiente, la ciudadanía mexicana tendrá el derecho de participar en el proceso electoral para elegir a 881 juzgadores y juzgadoras, marcando un hito en la historia de la justicia en el país.
La aprobación del dictamen se dio con 27 votos a favor y 11 en contra, reflejando las profundas divisiones en torno a la reforma. ■
