Estados Unidos ► El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 25% a los países que compren petróleo o gas a Venezuela, medida que entrará en vigor el próximo 2 de abril. Según Trump, este «arancel secundario» busca penalizar a Venezuela por enviar «decenas de miles» de personas con «naturaleza violenta» a territorio estadounidense, incluyendo miembros de organizaciones como el Tren de Aragua, designado como grupo terrorista.
En paralelo, Trump extendió por 30 días la licencia otorgada a Chevron para operar en Venezuela, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro no ha avanzado en reformas electorales ni en el retorno de migrantes. Esta decisión refleja la tensión entre sanciones económicas y la necesidad de mantener ciertas operaciones estratégicas.
Por otro lado, el mandatario enfrenta un revés judicial en su política migratoria. El juez James Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa histórica que permite la detención y deportación de extranjeros provenientes de países considerados enemigos. La prohibición, vigente desde el 15 de marzo, ha generado un enfrentamiento entre el gobierno y el poder judicial, con Trump solicitando la destitución del magistrado.
Mientras un tribunal federal de apelaciones se prepara para revisar la orden de Boasberg, el uso de esta ley del siglo XVIII sigue siendo objeto de debate. Expertos legales cuestionan su aplicabilidad en tiempos de paz, señalando posibles violaciones a derechos constitucionales. ■
