Ciudad de México ► La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su más reciente informe de fiscalización de la cuenta pública 2023 que 35 Universidades Públicas Estatales (Upes) registraron posibles daños a la hacienda pública por un total de 509.5 millones de pesos. Este hallazgo expone significativas deficiencias en materia de transparencia y control interno en estas instituciones educativas.
Según el informe, las Upes presentan serios atrasos en la publicación de sus reportes y envían a la Secretaría de Hacienda información con deficiente calidad y falta de congruencia. De las instituciones evaluadas, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fueron calificadas negativamente en control interno.
En el año 2023, los principales financiamientos de las Upes provinieron de recursos federales etiquetados para usos específicos, así como de recursos de libre disposición hacendaria. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) señaló que estas universidades enfrentaron déficit financiero y retrasos en las transferencias presupuestales estatales, afectando su operación.
Durante el ciclo escolar 2022-2023, las Upes atendieron a un millón 322 mil 357 alumnos, con un gasto promedio de 80 mil 736 pesos por estudiante. La plantilla laboral ascendió a 289 mil 720 trabajadores, con un promedio de 368 mil 501 pesos asignados por cada uno.
Las 35 auditorías integrales realizadas por la ASF identificaron posibles irregularidades por 509.5 millones de pesos, de los cuales 501.1 millones están pendientes de aclaración y 8.5 millones ya se han recuperado. Las anomalías más comunes incluyeron recursos no ejercidos que no fueron reintegrados a la Tesorería (133.5 millones), recargos y actualizaciones (124.8 millones) y falta de documentación justificativa del gasto (94.2 millones). También se detectaron pagos indebidos a trabajadores dados de baja y erogaciones por plazas no autorizadas.
Adicionalmente, en el ámbito de la transparencia, se identificaron deficiencias significativas en el reporte de información. Los informes trimestrales fueron publicados con retraso y los datos enviados a Hacienda carecieron de calidad y congruencia. No se cumplió en su totalidad con la publicación de información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.
Para evaluar la calidad de los sistemas de control interno de las universidades, se aplicó un cuestionario que analizó aspectos como el ambiente de control, la administración de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, así como la supervisión de los procesos.
Esta situación pone en evidencia la urgente necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia y control interno en las universidades públicas estatales para garantizar el uso adecuado de los recursos y fomentar la confianza en estas instituciones. ■
