La discusión sobre los diputados y senadores de representación proporcional en México se ha convertido en un espectáculo de simplificaciones. Mientras el debate público los satiriza como privilegios partidistas, conviene recordar que esta figura nació de la lucha por la democracia que hoy algunos pretenden enarbolar para eliminarla.
Los plurinominales surgieron a partir de las reformas electorales de 1977, cuando el sistema político mexicano enfrentaba una crisis de legitimidad. El Partido Comunista Mexicano y otras fuerzas de oposición carecían de espacios reales de representación en un Congreso dominado casi por completo por el PRI. La reforma de 1979 introdujo cien diputaciones de representación proporcional y creó, por primera vez, un mecanismo para que las minorías políticas tuvieran voz en el debate nacional.
Años más tarde, la reforma de 1996 extendió este esquema al Senado, con la incorporación de 32 senadores de representación proporcional mediante listas nacionales. Con ello se consolidó un modelo mixto que asignaba escaños de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada partido.
El sistema respondió a una demanda genuina de apertura democrática. Permitió que corrientes políticas históricamente marginadas del poder participaran en la elaboración de leyes y en la fiscalización del gobierno. La izquierda mexicana —hoy en el poder— fue una de las principales beneficiarias de este mecanismo durante décadas. Sin los plurinominales, su presencia parlamentaria habría sido marginal en etapas en las que carecía del arraigo territorial necesario para ganar distritos de mayoría relativa.
Existía, además, un argumento menos visible que justificaba la existencia de estos legisladores: la posibilidad de que los partidos designaran a profesionales expertos en diversas áreas temáticas, desde economía y salud hasta derechos humanos y medio ambiente. La idea era que su experiencia técnica dotara de rigor a las discusiones legislativas, complementando a los diputados de elección directa, cuya selección no siempre obedecía a criterios de capacidad, sino con frecuencia a factores de popularidad o lealtad política.
Sin embargo, fueron los propios partidos quienes deformaron progresivamente esta figura, convirtiéndola en moneda de cambio para saldar favores o premiar alianzas. Lo que nació como un mecanismo de inclusión y profesionalización terminó siendo, en muchos casos, un sistema de reparto de privilegios.
Hoy, la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a colocar a los plurinominales en el centro del debate. La mandataria ha planteado incluso la posibilidad de conservar la figura, aunque con modificaciones al método de selección para evitar que las candidaturas sigan siendo decididas de manera discrecional por las dirigencias partidistas.
El problema no es solo revisar el mecanismo, ni siquiera discutir una eventual reducción del número de escaños asignados por esta vía, sino la forma en que se ha conducido la discusión pública. A partir de información sesgada y simplificaciones deliberadas, dirigentes del partido en el poder presentan a estos legisladores como parásitos del erario —“privilegios políticos de antaño”, dijo recientemente Jesús Selván, dirigente morenista en Tabasco—, omitiendo que fue precisamente esta vía la que permitió a los partidos otrora minoritarios construir presencia y poder político.
No se trata de defender a ciegas una figura que, sin duda, merece evaluación crítica. Los plurinominales han sido utilizados para premiar lealtades, colocar operadores políticos o cumplir cuotas de género de manera artificial. Pero reducir el debate a consignas impide una reflexión seria sobre representación democrática, calidad legislativa y diseño institucional. La manipulación de la opinión pública mediante la sátira sistemática de estos legisladores obliga a preguntarnos si lo que se busca es un Congreso más democrático y eficaz, o simplemente uno más dócil al poder en turno, sin importar su signo político. ■
