Ciudad de México ► El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció este jueves que el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) será de 117.31 pesos diarios a partir del 1 de febrero de 2026, lo que representa un incremento de 3.68% respecto al año anterior, cuando se ubicó en 113.14 pesos.
La actualización anual de la UMA, que se calcula con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, tiene efectos directos en la vida cotidiana de los mexicanos, pues constituye la referencia económica para determinar el monto de multas, trámites administrativos, créditos hipotecarios, contribuciones fiscales y diversas obligaciones legales. Desde 2016, esta unidad sustituyó al salario mínimo como base de cálculo, con el objetivo de evitar que los ajustes en sanciones y pagos se vincularan directamente con la política salarial.
De acuerdo con la información oficial, además del valor diario, la UMA tendrá un valor mensual de 3,566.22 pesos y un valor anual de 42,794.64 pesos. El incremento, aunque moderado, refleja el comportamiento inflacionario registrado al cierre de 2025 y se convierte en un indicador clave para la planeación financiera de instituciones públicas y privadas.
Especialistas en economía señalan que el ajuste, aunque esperado, tendrá repercusiones inmediatas en el costo de trámites gubernamentales y sanciones administrativas. Por ejemplo, infracciones de tránsito, derechos registrales y cuotas de servicios públicos se verán incrementadas en la misma proporción. En el ámbito financiero, el nuevo valor también impactará en el cálculo de créditos hipotecarios que utilizan la UMA como referencia, lo que podría modificar los pagos mensuales de algunos acreditados.
El Inegi subrayó que la actualización responde a un mandato constitucional y forma parte de la política de desindexación del salario mínimo, que busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin que las sanciones económicas se disparen de manera automática. Sin embargo, organizaciones ciudadanas han advertido que el aumento, aunque técnicamente justificado, puede generar presión adicional en los bolsillos de quienes deben cubrir trámites o sanciones en un contexto de persistente inflación. ■
