Ciudad de México ► El reciente bloqueo de 13 casinos físicos y digitales en ocho estados del país reveló un mecanismo de lavado de dinero tan sofisticado como inquietante: miles de personas comunes —jóvenes, amas de casa, jubilados y trabajadores— aparecían en los sistemas de apuestas como ganadores de sumas millonarias, aunque en realidad nunca recibían un solo peso ni sabían que su identidad estaba siendo utilizada.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal, el fraude operaba mediante tarjetas prepagadas y códigos electrónicos enviados a nombre de ciudadanos que, sin darse cuenta, quedaban registrados como jugadores en casinos físicos y plataformas digitales. Con esos recursos, el sistema del casino simulaba apuestas y ganancias extraordinarias. El dinero, en lugar de llegar a los supuestos ganadores, era transferido a cuentas en el extranjero, dispersado en filiales y finalmente enviado a paraísos fiscales como Malta, Panamá, Albania y Rumania, donde se “blanqueaba” antes de regresar a México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que estas operaciones se repitieron cientos de veces, generando un patrón sistemático de dispersión de recursos ilícitos. Los casinos involucrados movieron millones en efectivo y transferencias internacionales, con estructuras diseñadas para ocultar el origen del dinero y simular legalidad.
El hallazgo detonó un debate sobre la regulación del sector. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la legislación vigente quedó rebasada por el auge de las apuestas digitales y urgió a actualizar la ley para evitar que los casinos se conviertan en plataformas de lavado. “Tiene que regularse, porque si no se presta justamente a lavado de dinero”, advirtió en conferencia.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el análisis financiero permitió identificar estructuras económicas complejas y patrones de simulación fiscal. La investigación se desarrolló en coordinación con el gabinete de seguridad y derivó en la suspensión inmediata de los establecimientos en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. ■
