Ciudad de México ► El sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido popularmente como el “Padre Pistolas”, volvió a generar polémica tras lanzar amenazas verbales contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante una homilía celebrada el pasado 2 de noviembre. En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, el párroco arremetió contra la mandataria por el proyecto del Acueducto Solís-León, asegurando que “le partiría la madre” por impulsar una obra que, según él, afectará a comunidades locales. Las expresiones fueron condenadas por la propia gobernadora, quien llamó a no normalizar la violencia hacia las mujeres en la vida pública y subrayó que este tipo de discursos representan una forma de agresión que no debe tolerarse.
La reacción no se limitó al ámbito político. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado en el que reprobó de manera categórica las declaraciones del sacerdote, señalando que “no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias”. El organismo recordó que quienes sirven en la Iglesia están llamados a reflejar con sus palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, y advirtió que el comportamiento del párroco no corresponde con la misión pastoral. La CEM enfatizó que la crítica a proyectos gubernamentales debe darse en un marco de respeto y diálogo, sin recurrir a amenazas ni insultos.
El episodio ha desatado un debate en Guanajuato sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de los líderes religiosos en la discusión pública. Mientras colectivos feministas y legisladoras locales exigieron sanciones ejemplares, la Secretaría de las Mujeres también manifestó su solidaridad con la gobernadora y reiteró que ninguna mujer debe ser objeto de violencia verbal o física. Aunque García Muñoz Ledo aclaró que no presentará una denuncia formal, el caso ha puesto en evidencia la tensión entre sectores sociales y religiosos frente a proyectos de infraestructura, así como la necesidad de reforzar protocolos contra la violencia política de género. ■
