Chiapas ► La protesta que desde hace semanas mantienen integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas frente a la Fiscalía General del Estado derivó en un episodio de violencia institucional que ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con testimonios de las manifestantes, policías municipales de Tuxtla Gutiérrez intentaron desalojarlas con empujones, golpes y amenazas con armas de fuego, mientras retiraban lonas y pancartas que exigían justicia por feminicidios y desapariciones.
“Nos apuntaron con armas, nos dijeron que nos iban a matar, nos arrancaron las lonas como si quisieran borrar nuestra memoria”, relató Adriana Gómez, vocera del colectivo, en entrevista con Aristegui Noticias. La denuncia fue respaldada por videos difundidos en redes sociales donde se observa a uniformados forcejeando con las mujeres que mantenían un plantón en el Libramiento Norte de la capital chiapaneca.
Las buscadoras responsabilizaron directamente a la policía municipal bajo el mando de David Hernández Pérez, secretario de Seguridad Pública de Tuxtla, y acusaron que la agresión responde a órdenes superiores. En un comunicado publicado en su página de Facebook, señalaron al gobernador Eduardo Ramírez, al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y al secretario de Seguridad estatal, Óscar Aparicio Avendaño, de intentar criminalizar su movimiento. “Nos quieren desaparecer porque saben que ellos son responsables”, escribieron.
La versión oficial, sin embargo, se deslindó de los hechos. La Secretaría de Seguridad del Pueblo aseguró que la policía estatal no participó en el operativo y que no hubo instrucción del gobernador para desalojar a las manifestantes. La Fiscalía, por su parte, afirmó que mantiene abiertas las puertas al diálogo y que el fiscal general se ha reunido en varias ocasiones con las madres para escuchar sus demandas.
El choque entre testimonios y comunicados oficiales no ha frenado la indignación. El plantón frente a la Fiscalía continúa, reforzado ahora por estudiantes normalistas y activistas que se sumaron tras la agresión. Las madres insisten en que no se moverán hasta que el fiscal general atienda personalmente sus casos y se comprometa a dar resultados en las investigaciones. “Preferiríamos estar en casa, en el trabajo, en el tráfico, pero nos arrebataron a nuestros hijos y no vamos a dejar de buscarlos”, reiteró Gómez. ■
