Ciudad de México ► El Gobierno de México planteó un gravamen del 8% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para videojuegos considerados violentos o no aptos para menores de 18 años, como parte del Paquete Económico 2026 enviado a la Cámara de Diputados. La iniciativa cubriría tanto la venta física como la descarga y el acceso digital en plataformas y servicios de suscripción, además de contenidos adicionales como expansiones o paquetes de niveles. La propuesta ubica el nuevo impuesto dentro del apartado de “impuestos saludables” y lo justifica con preocupaciones de salud pública y seguridad, aludiendo a estudios que relacionan el consumo de títulos de naturaleza violenta con mayores niveles de agresión en adolescentes y efectos sociales como aislamiento y ansiedad.
El alcance anunciado contempla a distribuidores nacionales y también a proveedores extranjeros que comercialicen en México sin presencia física, obligándolos a desglosar el impuesto en los comprobantes fiscales y a reportar operaciones vinculadas. En términos prácticos, el recargo implicaría un aumento inmediato en el precio final de juegos clasificados para adultos, así como en membresías o servicios que otorguen acceso a ese tipo de contenidos. No se aplicaría a títulos sin contenido violento, ni a aquellos dirigidos a audiencias infantiles o adolescentes.
La propuesta llega en un contexto de expansión sostenida de la industria en el país. México es uno de los mercados más grandes de América Latina, con decenas de millones de jugadores y un volumen de ingresos que supera los miles de millones de dólares anuales, cifra impulsada por la creciente oferta digital y el acceso multiplataforma. La medida, de aprobarse, obligaría a editoras y plataformas a ajustar precios y estrategias comerciales, y podría presionar el poder adquisitivo de los consumidores más activos en géneros de acción, disparos o combate.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que no se trata de una política de prohibición, sino de una herramienta fiscal con fines extra recaudatorios y de salud pública, acompañada de llamados a madres y padres para reforzar la atención y el control sobre el tipo de videojuegos que consumen niñas, niños y adolescentes. En el plano legislativo, el nuevo IEPS abre preguntas sobre criterios técnicos para determinar qué se considera “violento”, los mecanismos de verificación en tiendas físicas y digitales, y la coordinación con estándares de clasificación ya utilizados por la industria.
Organizaciones del sector, desarrolladores y jugadores anticipan un debate intenso. Entre los puntos de discusión están el posible impacto en precios y acceso, la efectividad del impuesto frente a la piratería y el mercado gris, y la pertinencia de basar una política fiscal en estudios cuya evidencia ha sido objeto de controversia académica. La propuesta iniciará su ruta de análisis en comisiones, donde se definirá si se integra sin cambios, se matiza con criterios específicos de clasificación y supervisión, o se ajusta su alcance antes de cualquier votación en el Pleno. En paralelo, se espera que la autoridad detalle lineamientos operativos para plataformas y distribuidores, y la forma en que se aplicará el IEPS en compras transfronterizas y tiendas digitales. ■
