Yucatán ► La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en contra de la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Mérida y confirmó la validez de la reforma al artículo 46 de la Ley de Hacienda Municipal, con lo que se impide cualquier incremento al impuesto predial en 2025 y 2026. La decisión, aprobada por siete votos a favor y dos en contra, respalda la modificación impulsada por el Congreso de Yucatán para mantener estables los valores catastrales y evitar un alza en el cobro a los contribuyentes.
La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada lamentó el fallo y sostuvo que la intención de su administración no era encarecer el predial, sino defender la autonomía municipal. “El Ayuntamiento de Mérida recurrió a la Suprema Corte porque sentimos violentada la autonomía municipal. Siempre la defenderemos, está en la Constitución, y el hecho de que se diga que queríamos cobrar más es falso”, declaró.
La edil aseguró que la confianza ciudadana se refleja en el aumento de la recaudación, lo que ha permitido financiar obras de repavimentación, alumbrado, parques, limpieza y programas de apoyo a personas con discapacidad. Sin embargo, advirtió que la decisión del Congreso local, respaldada ahora por la Corte, significará una reducción de alrededor de 100 millones de pesos en los ingresos municipales.
El proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, argumenta que el Congreso yucateco actuó con base en criterios de equidad tributaria, austeridad y viabilidad financiera, al apartarse de la propuesta del Cabildo. La resolución valida el Decreto 29/2024, publicado en el Diario Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2024, que fijó las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para este año.
Patrón Laviada adelantó que en 2026 tampoco habrá incrementos en los impuestos municipales, incluido el predial, y reiteró que su administración buscará mecanismos alternativos para fortalecer las finanzas locales. No obstante, acusó que la decisión del Congreso, dominado por Morena y sus aliados, tuvo un trasfondo político y calificó la reforma como una “ley castigo” contra la capital yucateca. ■
