La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, no solo dejó una estela de fuego y desolación. También encendió una interrogante que, dos semanas después, sigue sin respuesta clara: ¿por qué se mueren?
El 10 de septiembre, cuando ocurrió el siniestro, la narrativa oficial fue cauta. Una víctima mortal, decenas de heridos, atención inmediata. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, habló de protocolos activados, de coordinación entre hospitales, de solidaridad institucional. Pero hoy, 24 de septiembre, la cifra de fallecidos asciende a 30. Treinta personas que sobrevivieron a la explosión, pero no al sistema.
Según datos de la Secretaría de Salud de la CDMX, 84 personas resultaron lesionadas. De ellas, 39 han sido dadas de alta, 15 permanecen hospitalizadas y 30 han muerto. La mayoría presentaba quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones que requieren atención especializada, insumos costosos, personal capacitado y unidades médicas con infraestructura adecuada. ¿Cuántos de esos elementos estaban realmente disponibles?
La pregunta incomoda porque toca fibras profundas. No se trata de culpar a médicos ni enfermeras que hacen lo imposible con lo que tienen. Se trata de exigir explicaciones a quienes diseñan presupuestos, asignan recursos y presumen cobertura universal. ¿Por qué, en una ciudad que se dice capital de derechos, hay hospitales sin suficientes camas para quemados? ¿Por qué las transferencias a unidades especializadas tardan días? ¿Por qué hay pacientes que mueren por infecciones hospitalarias, por falta de medicamentos, por negligencia administrativa?
La tragedia de Iztapalapa no es solo un accidente. Es un espejo. Refleja lo que ocurre cuando el Estado falla en su deber más básico: proteger la vida. Y lo más grave es que la muerte no fue inmediata. Fue lenta, silenciosa, burocrática. Cada día que pasa, una familia más recibe la noticia que nadie quiere escuchar. Y cada día que pasa, el silencio institucional se vuelve más insoportable.
Gas Silza, la empresa responsable de la pipa, asegura tener seguros vigentes y disposición para reparar el daño. El gobierno creó un Comité de Solidaridad con representantes de la ONU, la UNAM y la Cruz Roja. Pero ni los seguros ni los comités explican por qué se mueren. Ni devuelven a los que ya no están.
La jefa de Gobierno ha prometido revisar los protocolos de transporte de materiales peligrosos. Es necesario. Pero también lo es revisar el sistema de salud que, en este caso, no logró sostener a quienes sobrevivieron al fuego.
Por eso, la pregunta sigue en pie. Por qué se mueren. Y la respuesta, si existe, debe ser pública, dolorosa y urgente. Primero para las familias que aún esperan justicia. Luego para una sociedad que merece saber si, en caso de emergencia, el hospital será un refugio… o una sentencia. ■
