Ciudad de México ► La venta de gasolina con litros incompletos y sin permisos ambientales vigentes ha encendido las alertas del Gobierno mexicano. En un informe conjunto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) revelaron que en los últimos seis meses han clausurado 122 estaciones de servicio, inmovilizado 651 instrumentos de medición y presentado 36 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.
Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde marzo, con el objetivo de contener la inflación y garantizar condiciones equitativas en el mercado energético. En total, se realizaron 22 operativos extraordinarios en 147 estaciones ubicadas en 22 estados, desde Puebla y Querétaro hasta Sonora y Campeche.
Las irregularidades detectadas van más allá de simples fallas técnicas. En muchos casos, los dispensadores entregaban menos combustible del que marcaban, con diferencias superiores a los 300 mililitros por cada 20 litros, lo que constituye un delito federal. Además, los reportes electrónicos no coincidían con las bitácoras físicas, y varias estaciones operaban sin la Manifestación de Impacto Ambiental vigente, requisito indispensable para su funcionamiento legal.
Dos estaciones en Querétaro fueron clausuradas de forma definitiva por negarse reiteradamente a ser verificadas. El resto recibió sanciones temporales, mientras se revisa la documentación y se corrigen las fallas. Las brigadas de inspección fueron encabezadas por Iván Escalante, titular de Profeco, y Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de Asea.
Pese al endurecimiento de las medidas, el sector gasolinero ha mostrado disposición a colaborar. El pasado 2 de septiembre, representantes empresariales ratificaron su respaldo a la estrategia, lo que ha permitido mantener el precio promedio nacional de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. ■
