Chiapas ► En el marco de su segundo aniversario, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra denunció públicamente una serie de atropellos cometidos por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), grupo de élite creado por el gobierno estatal encabezado por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar. Según el organismo, esta unidad ha incursionado en comunidades del norte de Chiapas con prácticas que incluyen invasión de territorios, allanamientos sin orden judicial e intimidación sistemática a la población civil.
La denuncia fue acompañada por un manifiesto en el que se advierte sobre el avance de megaproyectos —como autopistas, parques turísticos y ampliación de carreteras— que, según el centro, se imponen sin consulta ni consentimiento de las comunidades originarias. En particular, se señala que en la región zoque se ha consolidado una “triada” compuesta por gobierno, delincuencia organizada y empresas criminales, que ha provocado el silenciamiento de los pueblos, el deterioro de sus saberes ancestrales y la erosión de su espiritualidad.
Durante el acto conmemorativo en Rayón, el Centro Fray Bartolomé de Las Casas presentó su informe “Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal”, en el que documenta el incremento de desplazamientos forzados, enfrentamientos armados y control territorial por parte de grupos del crimen organizado. El documento, originalmente difundido en marzo, fue retomado por la Selva Negra para contextualizar el asesinato del sacerdote tsotsil y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez, ocurrido en 2024.
El centro calificó el homicidio de Pérez como una “aniquilación política” y acusó que su muerte responde a un complot criminal que buscaba desarticular los procesos comunitarios que él acompañaba. “Después de su asesinato, lo siguen manchando con sucios pronunciamientos y con su mediocre sentencia”, señala el manifiesto, que también advierte sobre el aumento de amenazas e incidentes de seguridad contra defensores y defensoras en la región.
La organización denunció además el abandono institucional en zonas rurales, donde persiste la falta de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y caminos transitables. Como ejemplo, mencionaron el tramo Ixtacomitán–Chapultenango, considerado vía de evacuación ante una eventual erupción del volcán Chichonal, pero que permanece destruido desde hace años.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra acusó al actual gobierno estatal de no haber emprendido acciones concretas para desmantelar los cacicazgos locales, estructuras familiares que han mantenido el poder durante décadas y que, según el organismo, perpetúan las violaciones a los derechos humanos en la región. ■
