Chiapas ► El Congreso del Estado de Chiapas, en su Sexagésima Novena Legislatura, aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, que reconoce el derecho de las personas con enfermedad terminal o incurable a rechazar tratamientos médicos que prolonguen innecesariamente la vida, sin que ello se confunda con eutanasia.
La voluntad anticipada se configura como un instrumento jurídico libre y revocable que permite manifestar —por escrito ante notario público— la negativa a recibir medios, tratamientos o procedimientos invasivos en etapa terminal. Además de la firma del otorgante, el documento debe contar con dos testigos, la designación de un representante y, opcionalmente, la indicación de donación de órganos. En un plazo máximo de tres días hábiles, deberá notificarse a la Secretaría de Salud estatal. Para menores o personas incapaces, el trámite lo pueden suscribir padres, tutores o, en su defecto, cónyuge, concubina o concubinario, hijos mayores, padres, nietos o hermanos mayores, siempre con diagnóstico médico previo.
La norma crea el Registro Estatal de Voluntades Anticipadas, bajo la administración de la Secretaría de Salud de Chiapas, encargado de recibir, resguardar y dar seguimiento a estas declaraciones, así como de garantizar su acceso y validez jurídica en el momento oportuno.
La diputada Getsemaní Moreno Martínez, impulsora de la iniciativa, enfatizó que la ley no acorta ni prolonga la vida, sino que respeta el proceso natural de la muerte y fortalece los cuidados paliativos junto al acompañamiento humano, “ofreciendo soporte sin intervención médica innecesaria” y honrando la dignidad y autonomía de cada persona.
La legislación ha generado debate en la bancada opositora. La diputada del PAN, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, advirtió que antes de legislar sobre el buen morir es urgente atender las carencias en salud que afectan al 63% de los chiapanecos, pues sin garantizar el “bien vivir” resulta prematuro normar decisiones de última instancia.
Con esta aprobación, Chiapas se suma a entidades como Jalisco y Ciudad de México, y se alinea con estándares internacionales de autonomía y derechos humanos en el cuidado del final de la vida, consolidándose como un referente en la región sureste de México. ■
