Estados Unidos ► El fiscal general de Florida, James Uthmeier, desató una ola de controversia al invitar públicamente a los ciudadanos a denunciar a sus exparejas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio regular para que sean deportadas. La propuesta fue difundida en su cuenta de X, donde Uthmeier relató el caso de una persona cuyo ex abusivo sobrepasó la vigencia de su visa de turismo y ahora enfrenta el proceso de expulsión.
En su mensaje, Uthmeier explicó que “recientemente recibimos un reporte de alguien cuyo ex abusivo sobrepasó la fecha de salida de su visa de turismo. Ahora él está en la fila para su deportación. Si tu ex está en este país ilegalmente, por favor, siéntete con la libertad de contactar a nuestra oficina. Estaremos felices de ayudar”. Con ello, extendió la invitación a reportar de forma general a cualquier antigua pareja en situación migratoria irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) replicó la publicación del fiscal y promovió la línea de atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), identificándola con la etiqueta: “De abusador doméstico a perdedor deportado”. Según datos oficiales, esta línea recibe un promedio de 15 000 llamadas al mes, una cifra que pone de relieve el alcance de la campaña y su potencial para multiplicar los reportes ciudadanos.
Esta estrategia se enmarca en el impulso de Uthmeier por alinear a Florida con la agenda migratoria del expresidente Donald Trump. En esa lógica se suman iniciativas como la apertura del centro de detención de Everglades, apodado “Alligator Alcatraz”, que desde su inauguración el 3 de julio ha recibido a casi mil migrantes, rodeado por caimanes y fauna salvaje como medida disuasoria ante posibles fugas.
El llamado del fiscal motivó reacciones encontradas en redes sociales. Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos proinmigrantes denuncian que esta práctica abre la puerta a venganzas personales y acusaciones infundadas, lo cual podría saturar los canales de atención con denuncias sin sustento. Expertos en políticas migratorias y académicos han alertado que al trasladar el reclamo personal al ámbito de la deportación se pone en riesgo el debido proceso y la confianza en las instituciones. ■
