La semana pasada, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, denunció ante una Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que legisladores de Morena intervinieron para evitar sanciones a una gasolinera y a un céntrico hotel “muy fifí”.
A renglón seguido, la Presidencia lo instruyó a revelar nombres. Claudia Sheinbaum subrayó que “no debe haber tráfico de influencias” y que, de existir señales, correspondía al titular de Profeco exhibirlas.
Sin embargo, en la mañanera de este lunes 21 de julio, Escalante reculó: “Más allá de los nombres, quisiera dar dos mensajes… los procedimientos se concretaron y la mayoría de legisladores mostraron sensibilidad”.
Ni un solo apellido, ni un solo cargo. El funcionario prefirió ensalzar la “colaboración” de sus interlocutores en lugar de enfrentar la presión a la que él mismo puso sobre la mesa.
El caso trajo a mi memoria el decir popular: “Perro no come perro” y me resulta inevitable preguntarme si el compromiso real con el consumidor y con la transparencia no se nubla cuando quienes tienen el deber de sancionar recelan de exponer a sus propios aliados.
En política ─como en casi todos los gremios─, el refrán advierte más verdades que cualquier declaración oficial. Porque, en esencia, alude a la tolerancia cómplice de quienes, más allá de su deber, optan por amparar a aquel que les puede devolver el favor.
Y eso, conviene recordarlo, es traición al interés público. ■
