Ciudad de México ► Este viernes, alrededor de 300 participantes se congregaron en el Foro Lindbergh del Parque México, en la colonia Condesa, para la primera protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México. Convocada por redes como @cheems.is.all.you.need y @gentrificacionentuidioma, la jornada se planteó como un acto pacífico para visibilizar el encarecimiento de rentas y el despojo de barrios emblemáticos.
Vecinos de Condesa, Roma, Juárez, Obrera y Doctores, junto con colectivos como Gentrificación en tu idioma, Pasteup morras y el Frente Antigentrificación MX, reclamaron la pérdida de tejido social y el desplazamiento de familias. Entre pancartas, mantas y banderas, exigieron el “derecho a habitar la ciudad” sin presión inmobiliaria ni turistas de plataformas cortas.
La protesta incluyó un tendedero antigentrificación (3:30–4:00 p.m.), con mensajes y fotografías de afectados; micrófono abierto (4:00–6:00 p.m.) para testimonios ciudadanos; y una pegada de stickers (6:00–7:00 p.m.) que intervino muros y calles aledañas con leyendas como “No Airbnb en mi barrio” y “Green go home”.
Los lemas más coreados fueron “Fuera gringos”, “Aquí se habla español” y “La gentrificación no es progreso, es despojo”, en alusión al auge de extranjeros y plataformas digitales que inflan precios y desalojan a los residentes originarios.
Aunque en su mayoría pacífica, la protesta sufrió incidentes aislados: un grupo rompió vidrios de un Starbucks en Sonora y Ámsterdam, lanzó petardos y pintó grafitis; y varios manifestantes encapuchados (“bloque negro”) se unieron a sectores pro Palestina, lo que elevó la tensión en el recorrido improvisado hacia la Estela de Luz.
Voces como Laura, estudiante de arquitectura en la UNAM, resaltaron que “los jóvenes no podemos competir con quienes ganan en dólares”, y recordaron a quienes han migrado a periferias con salarios insuficientes para cubrir una renta mínima en la capital.
Entre sus demandas, exigieron a autoridades de la CDMX y al Congreso local regular topes en el costo de la renta, limitar el uso de inmuebles a hospedaje turístico y garantizar vivienda digna como un derecho constitucional, no un negocio inmobiliario. ■
