Chihuahua ► Silvia Rocío Delgado Garcían, conocida por haber sido parte del equipo legal que representó al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, recibió la constancia que la acredita como jueza penal electa del Distrito Judicial Bravos en Ciudad Juárez. Con más de 23 mil 600 votos, Delgado se posiciona como una de las nuevas figuras en el Poder Judicial de Chihuahua.
Durante el acto protocolario en el que se hizo entrega de dicha constancia, la abogada, de 51 años y egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), expresó su emoción y explicó que su decisión de postularse responde a un genuino compromiso de servir a la comunidad y consolidar su carrera en el ámbito penal. “Mi única responsabilidad es ejercer mi trabajo con dignidad y defender los derechos humanos, sin importar la naturaleza del caso. Lo único que hice fue cumplir con mi deber profesional,” señaló, rechazando reiteradamente cualquier vinculación que se le pretende atribuir con su pasado laboral.
El historial de Delgado con el equipo de defensa de “El Chapo”, en el que actuó en 2016 mientras el capo se encontraba recluido en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez, ha generado un intenso debate. La exdefensora explicó que su participación fue estrictamente profesional. En una ocasión, relató que durante una audiencia en la que incluso se fue la luz, gestionó un amparo para que el acusado recibiera una manta debido a las bajas temperaturas del penal, utilizando el episodio para evidenciar el compromiso con la defensa legal de sus clientes. Sin embargo, organizaciones civiles y algunos analistas han cuestionado su idoneidad, señalando que representar a un personaje tan notorio podría poner en duda la imparcialidad requerida del cargo judicial.
Además, este proceso electoral forma parte de una reforma en la que por primera vez los ciudadanos mexicanos eligen directamente a jueces y magistrados, lo que ha permitido la consolidación de nuevas figuras en el sistema judicial y, a la vez, ha reavivado el debate sobre los criterios éticos y profesionales que deben regir la magistratura. ■